Investigador

Gorka Mendizabal— ¿Qué retos plantea el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en los datos personales?

Iñigo de Miguel— El primero de los retos tiene que ver con la toma de decisiones automatizadas, que se realizan a través de la tecnología y sin participación humana. En dicho proceso, los algoritmos son un elemento fundamental, facilitando el tratamiento de los datos y su posterior análisis estadístico. Con ello, se pretende acelerar y optimizar la adopción de resoluciones, además de abaratar costes y maximizar beneficios. El otro gran reto que plantea la IA consiste en la elaboración de perfiles, es decir, en la segmentación y agrupación de datos personales según unos fines publicitarios o comerciales, por ejemplo. Por desgracia, ambos tipos de prácticas pueden traernos grandes beneficios, pero también pueden atentar contra derechos fundamentales, como a no ser discriminados.

De todas formas, todavía es demasiado pronto para saber las consecuencias que tendrá la IA en nuestro día a día; estamos en plena transición digital.

G. M.— ¿Qué pasos habría que dar para que la ciudadanía tuviera mayor conciencia del uso que se hace de sus datos?

I. M.— Es una pregunta de difícil respuesta porque la ciudadanía, a pesar de ser cada vez más consciente del uso que se hace de sus propios datos, no tiene claro cómo influir en dichas prácticas. En ello influye la dificultad de conocer unas lógicas jurídico-tecnológicas muy específicas que son percibidas como ajenas. Además, sobre la realidad tecnológica impera un sentimiento de “inevitabilidad” que hace un flaco favor a un uso más transparente y democrático del tratamiento de los datos.

G. M.— ¿Los datos personales pertenecen al individuo o a la empresa / gobierno que los analiza?

I. M.— El concepto de pertenencia o el de propiedad no funcionan bien en el contexto de los datos personales. Uno tiene derechos sobre los datos, no un dominio (en el sentido patrimonial) sobre ellos. Y esos derechos se adscriben al individuo sobre el que esos datos proporcionan información, aunque puedan restringirse en caso necesario (como en una emergencia de salud pública, por ejemplo). Si hablamos de datos acumulados, de grandes bases de datos, el panorama cambia. Ahí hablamos de unas plataformas que ordenan la información de decenas de miles de sujetos. Desde mi punto de vista, estas bases sólo deberían compartirse si los interesados (esto es, los sujetos que han cedido sus datos) han consentido a este efecto. Entiendo que quienes han procedido a realizar un trabajo de creación y ordenamiento de esos datos pueden pedir una compensación económica a cambio de su trabajo. La lógica de la compraventa se me hace más difícil de aceptar cuando hablamos de datos personales. Otra cosa, claro, es que se proceda a su anonimización previa, ya que entonces no serían datos personales.

G. M.— En el marco digital, ¿existe alguna diferencia entre ser ciudadano y ser consumidor?

I. M.— La frontera entre los términos ciudadanía y consumidor es muy ambigua. Por ponerte un ejemplo, en el actual proceso de digitalización en el que están inmersas las Administraciones Públicas, el ciudadano necesita disponer de un acceso a internet, un correo electrónico y un número de teléfono proporcionados por empresas privadas para poder realizar muchas de las consultas y reclamaciones, lo que constituye a dicho sujeto en un consumidor de los mencionados productos.

G. M.— ¿Le preocupa que a nivel geopolítico Europa no disponga de un gigante tecnológico?

I. M.— Preferiría que la UE dispusiera de gigantes digitales, sí, sobre todo porque en las actuales tensiones comerciales el que un país disponga de una multinacional tecnológica puede suponer un mayor poder de negociación e influencia. A pesar de eso, en la coyuntura actual, me interesa más saber el uso que se hace de los datos por parte de las multinacionales; es un tema muy delicado.

G. M.— ¿Qué pasos habría que dar para reforzar una soberanía digital europea?

I. M.— La soberanía digital tiene un componente jurídico muy importante, así que la normativa que se desarrolle al respecto es de vital importancia. Por ello, hay que considerar el Data Governance Act y el Reglamento General de Protección de Datos como elementos vertebradores de esa soberanía europea. Aun así, el continuo avance de la tecnología y el aumento de las presiones para la comercialización de los datos son una realidad, por lo que habrá que ver si, a medio plazo, se mantiene la idea original de salvaguardar los derechos de los ciudadanos-consumidores europeos y, por ende, la soberanía europea.

G. M.— ¿Se está adaptando bien Euskadi a todos estos retos?

I. M.— En Euskadi se está llevando un proceso de digitalización en el que participan los municipios, las agencias de desarrollo, las comarcas, las diputaciones y el propio Gobierno Vasco, además de todo el entramado empresarial. Habrá que prestarle especial atención a la Industria 4.0 y la automatización de los puestos de trabajo. Se avecinan cambios profundos en la economía vasca.

G. M.— Estaremos pendientes de ellos. Un abrazo y gracias, Iñigo.

I. M.— Gracias a vosotros.