– Trépanos reproduce la introducción del libro Herencias del franquismo y del terrorismo (Catarata, 2025) –

Antonio Rivera Blanco y Eduardo Mateo Santamaría

Fecha de publicación: 20/05/25

El presente libro forma parte de una corriente interpretativa de los efectos de nuestras violencias políticas más recientes, las del franquismo y las de los terrorismos, que se viene haciendo un hueco —o al menos que lo pretende— en el debate público actual. El tratamiento de la condición de las víctimas de esas violencias políticas ha escalado muchos peldaños en los últimos años como consecuencia de la capacidad de estas para constituirse como movimiento social y de resultas de la respuesta de las administraciones a sus reclamaciones de verdad, justicia y reparación. Libros como el reciente, todavía en el original francés, de Sophie Baby, Juger Franco? Impunité, réconciliation, mémoire (La Découverte) o el que coordinó para Catarata Víctor Aparicio, Violencias políticas en la Transición española, han anticipado una reflexión a la que se incorpora este nuevo título.

Básicamente, se trata de lo que sigue. Las víctimas de las violencias franquista y terrorista, así como sus respectivas historias y recuerdos, siguen constituyendo una realidad viva en la medida en que ha transcurrido aún poco tiempo desde que se produjeron (en un caso), porque no se han resuelto adecuadamente diferentes ámbitos fundamentales de su victimización (en otro) y porque todas ellas han tenido una suerte dispar en los últimos tiempos en lo que hace al reconocimiento de su condición. Hablamos entonces de herencias vivas del franquismo y del terrorismo.

Las víctimas y la memoria del terrorismo, particularmente el de las diversas marcas de ETA, pero no solo, han contado con un desarrollo legislativo en lo que va de siglo que ha permitido en términos generales atender sus demandas de conocimiento de lo ocurrido, de persecución judicial efectiva de los victimarios —sin que pueda obviarse la existencia de esos más de trescientos casos sin resolver y de difícil abordaje jurídico— y de reconocimiento y reparación del dolor sufrido. De la misma manera, los instrumentos de memoria pública se han desplegado con eficacia —con el Centro Memorial a la cabeza y también con Gogora—, acompañados de un tratamiento historiográfico y de otras disciplinas amplio, concienzudo y serio, rematado con iniciativas de difusión de ese conocimiento cada vez más eficaces y populares (literatura, cine, etc.). Sin constituir en absoluto un resultado pleno e inmejorable, bien puede afirmarse que la atención que por fin han recibido las víctimas del terrorismo por parte de la sociedad y de las administraciones públicas es importante y muy satisfactoria.

Este tratamiento, sin embargo, no puede considerarse equitativo dependiendo del tipo de víctimas y de victimarios, o incluso del escenario territorial y administrativo en que se han atendido estos casos. El terrorismo de ETA ha sido finalmente bien abordado, pero no se extiende por igual su consideración a otros de autoría diferente. Ello afecta sobre todo al reconocimiento y al resarcimiento económico y de otro tipo de sus víctimas, por no entrar en el más complejo (y sangrante) asunto de las sentencias que recibieron en su momento los casos de violencia policial ilegal o ilegítima. También al propio conocimiento de esos procesos violentos, donde el terrorismo etnonacionalista de ETA presenta una más larga y sólida trayectoria de estudios, y cuenta, como se ha dicho, con herramientas memoriales más definidas y capaces. Del mismo modo, por razones de impacto en sus poderes públicos y en sus ciudadanías, administraciones autonómicas como la vasca o la navarra han abordado esta cuestión del reconocimiento de todas las víctimas de la violencia política y del terrorismo de manera más equitativa y coherente que otras comunidades y, también, que el propio Estado central.

Estamos entonces ante una situación en la que no todas las víctimas están igualmente tratadas, una situación en la que hay unas víctimas (y una memoria) de primera y otra de menor nivel. Una situación, en definitiva, injusta, inadecuada y de pésimo efecto y consecuencias, como se explicará.

Que la situación es esta lo confirma la reciente legislación referida a la memoria democrática, en concreto la ley de 2022. Tratando de mejorar y abarcar las cuestiones que quedaron pendientes o mal abordadas en la Ley de Memoria Histórica de 2007, esta se propuso responder de una vez a las demandas de las víctimas de la represión franquista, desde la propia guerra civil de 1936 hasta la Transición, incluso tomando el tiempo de esta de manera generosa, como se verá. Se trata de atender una victimización ligada a la larga dictadura, sin relación ninguna con la derivada de los terrorismos que surgieron en esta. Aún más, el complejo tiempo de la Transición se aborda también, hasta esa fecha arbitraria de diciembre de 1983, pero de nuevo sin relación con el terrorismo. Es evidente que el tiempo transicional fue el de una violencia política derivada de su propia singularidad. La incertidumbre sociopolítica, la debilidad de todos los agentes en liza, la pugna de proyectos en ese tiempo o la ventana de oportunidad que suponen siempre situaciones de esa índole facilitaron la actividad de elementos violentos de carácter etnonacionalista (ETA, pero no solo), de tipo ultraderechista, del izquierdismo extremista revolucionario o también del vigilantismo policial y de la violencia ilegal e ilegítima a cargo de agentes de la seguridad del Estado o hasta de miembros del Ejército. La Transición como tiempo propicio para la violencia política, como de hecho fue, se aborda por separado en leyes que en su día atendieron a los terrorismos y que ahora lo hacen de nuevo a las víctimas de la dictadura franquista, alargado el tiempo de esta para acoger el espacio gris transicional.

Víctimas de los terrorismos y víctimas del franquismo (y del tiempo de la Transición) se abordan a espaldas unas de otras, aunque formaron parte de periodos y de lógicas compartidas. Ello se debe, evidentemente, a que la atención jurídica de la cuestión ha tenido sus diferentes momentos y urgencias, y pretende no mezclar situaciones también jurídicas (y políticas) diferenciadas. Puede asumirse la razón funcional u operativa de esa diferenciación, pero ello no nos evita de nuevo distingos peligrosos. Es de esperar que la Ley de Memoria Democrática consiga en su desarrollo reducir a la nada las diferencias de trato que separan a las víctimas del terrorismo de las del franquismo. Pero, más allá de eso, esa doble vía de tratamiento de las víctimas (y de los hechos, procesos y lógicas que las convirtieron en tales) puede dar lugar a unas percepciones distintas, de manera que unas se asocian por una vía a la conquista de las libertades democráticas y otras lo hacen por otra de manera vicaria a la vigencia de los valores del Estado de derecho y del pluralismo social. Ambos conceptos confluyen en su consideración positiva, pero pueden invitar a caracterizaciones divergentes: básicamente, pueden estar identificando víctimas de las izquierdas (las del franquismo y las que ahora se atienden del tiempo de la Transición) y de las derechas (las del terrorismo, básicamente el de ETA, porque las ultras o las de la violencia policial ilegal y/o ilegítima se adscribirían al primer grupo).

Se trataría, en puridad, de una diferenciación espuria, porque la voluntad del legislador nunca ha sido esa. Es cierto, pero no es la percepción social que existe. Por razones de burda utilidad política o ideológica, este ejercicio se viene haciendo. Un diputado esgrime en el Congreso imágenes de víctimas del terrorismo para espetárselas a un Ejecutivo de izquierdas al que acusa de anuencia con los herederos políticos de algunos de los victimarios; una profesional recibe amenazas ultras y trata de desasirse de la solidaridad expresada por una entidad memorial que no cuenta entre los suyos. La polarización política presente ha venido a abonar una tendencia a la apropiación sectaria de las víctimas de las violencias políticas que pensábamos superada. Hay, efectivamente, víctimas (y memorias) que se hacen aparecer como propias de la izquierda y otras de la derecha, como habría en consecuencia historiadores, periodistas, cineastas o artistas de uno y otro bando conforme se ocupen o sean sensibles a unas o a otras. Una consideración de esta naturaleza pasa incluso por encima de la constatación de que ha habido víctimas que lo fueron de ambos victimarios —franquismo y terrorismo—, de profesionales que han abordado por igual y con similar entusiasmo y atención violencias y víctimas de uno y otro signo, o del hecho evidente y superior de que las razones de los victimarios de todas ellas, siendo distintas, convergían indefectiblemente en su común rechazo de la democracia, del Estado de derecho y del pluralismo social.

Incluso se podría señalar un último factor de coincidencia: todas las víctimas han seguido un mismo patrón visibilizador y articulador como movimiento social, lo que les ha permitido alcanzar logros en su empeño de verdad, justicia y reparación. De hecho, el movimiento memorialista en relación a la guerra civil y al franquismo surgido a comienzos del siglo XXI aprendió de la experiencia de las víctimas de ETA asociadas desde los años ochenta de la centuria anterior. De ese modo, de manera práctica, todas ellas se imponían a esa lógica perversa que diferenciaba e incluso confrontaba las atenciones a unas y otras víctimas. La “memoria multidireccional”, capaz de asumir a un tiempo víctimas de diferente autoría, opera en beneficio de todas porque el argumento positivo que esgrime lo es también para todas. Históricamente, fue así como diversos grupos excluidos accedieron, por ejemplo, al derecho al voto —de los negros y minorías a las mujeres, y no por ese orden siempre—, o como, en un terreno más pedestre, funciona el comercio de un determinado producto o servicio: su abundancia de oferta en un espacio común favorece a todos, sin producir desplazamientos por mor de la férrea competencia.

El abordaje de ambas violencias, víctimas y memorias se puede hacer ahora insertándose en un régimen memorial caracterizadamente posterrorista y, en ese sentido, transicional. La coerción del tiempo no es ya ni la de la presencia del terrorismo, desaparecido para 2011, ni la de, mucho menos, la amenaza, la sombra y el recuerdo de las violencias de la guerra y la dictadura en el proceso transicional a la democracia. A cambio, liberados de esas presiones, la antes citada polarización política atenaza nuevamente nuestras posibilidades de encarar asuntos tan críticos con plena capacidad y libertad, y sin complejos.

El tiempo de conocer es ahora distinto en su objetivo social. Hace años nos empeñamos en evitar una mezcla cuya función era sostener una buscada memoria comunitarista puesta al servicio de la reconciliación. Todas las violencias y sus víctimas se trataban de igualar mediante una burda consideración, “todos hemos sufrido”, que remitía a un pueblo sufriente —el vasco, obviamente, en nuestro caso— dentro del cual no se distinguían víctimas y victimarios. El mal o venía de fuera o no se percibía como algo propio. Lo que hace casi medio siglo denunciaron aquella treintena de intelectuales vascos —el manifiesto “Aún estamos a tiempo”— que se enfrentaron tempranamente al terrorismo, “la violencia que ante todo nos preocupa es la que nace y anida entre nosotros, porque es la única que puede convertirnos, de verdad, en verdugos desalmados, en cómplices cobardes o en encubridores serviles”, no era tenido en cuenta. Se impuso entonces a la contra una labor historiográfica que reparaba en la intención del victimario para distinguir con precisión el carácter de cada víctima. No era lo mismo haber sido asesinado por un comando etarra en una calle de Beasain en 1980 que por una partida de requetés (o de milicianos) en una saca en el verano del 36. Distinguir era obligado para entender y para combatir esa memoria complaciente y esquiva con la responsabilidad social. Pero desarrollada intensivamente esa labor, aunque en absoluto acabada, se trata ahora de dar un paso más y, conocido el contexto concreto de cada victimización, cooperar para que todas las víctimas, sea cual sea su entorno explicativo, sean tratadas como tales y en igualdad de consideración.

Esto, evidentemente, tiene un aspecto delicado que remite al reconocimiento por parte del Estado y al cabo de muchos años de la evidencia de que sus actuaciones no siempre se acogieron a las exigencias de la legalidad y del respeto a las libertades y garantías de que gozan todos los ciudadanos. El Estado —lo señalaron así sentencias judiciales— obró al margen de su legalidad en situaciones como los GAL, y eso obliga a un reconocimiento explícito de culpa si se quiere contribuir a esta igualación reparadora que aquí se plantea como necesaria. Es la parte más crítica y donde se precisa distinguir los “pecados de la Administración” de la condición de las víctimas concretas de estos, en ocasiones ciudadanos sin ninguna culpa, en otras personas vinculadas directamente a organizaciones violentas o terroristas que no pueden ser tomadas como referentes de virtud democrática. El complejo fantasma de las víctimas-victimarios reaparece aquí de nuevo en relación a estas víctimas del Estado en el tiempo de la Transición, y su resolución es tan compleja como cuando se planteó en casos de terrorismo. Asumir esa dificultad es ya un punto de partida noble, porque la cuestión no tiene fácil respuesta y no deja de responder a una convención social problemática: la condición vicaria de las víctimas como representantes de la inversa de la intención política de los victimarios no siempre es palmaria. Es decir, Melitón Manzanas o Carrero Blanco, víctimas indiscutibles, no pueden ser por inversa expresión del Estado de derecho o de la democracia, pero Argala o Santiago Corella el Nani, aquel delincuente al que hizo desaparecer la Policía, tampoco.

Igualar sin confundir, comparar sin equiparar ni justificar, contrarrestar esa necesidad de los sectarios de enfrentar unas violencias y unas víctimas a otras, con sus consiguientes números exculpatorios. No estamos ya en ese momento y quienes pretenden seguir por ese camino han sido a estas alturas suficientemente descalificados. Es el momento de sustanciar los casos y las causas, y de repararlos por igual, precisamente para que nadie pueda con intención o sin ella apelar a esa diferencia de trato para seguir denunciando el agravio y la diferencia. Todo ello es imprescindible para que, a medio plazo, sin la coerción de la actual polarización sociopolítica y sin el argumento inmediato de los agravios y las diferencias, las víctimas y sus recuerdos, también sus historias, puedan ir formando parte de nuestra memoria cultural y no queden abiertas por más tiempo las heridas. Es una intención que afecta a la justicia de trato entre los ciudadanos y también a la necesidad de desactivar el potencial distorsionador que tiene el pasado sobre el presente. El conocimiento del pasado es imprescindible, pero el uso del pasado para terciar en los debates del presente siempre contiene el peligro de que los desfigure acudiendo a la emotividad, al agravio o a motivos que no forman parte de lo que stricto sensu se discute. El pasado nunca lo es del todo y siempre será (o estará en disposición de ser) presente, pero el objetivo es convertirlo en “naturaleza muerta”, en memoria cultural que no hiere en el debate actual porque ha sido adecuada o justamente tratado desde el presente. Así, nadie lanzaría sobre otro los muertos de una de las carlistadas del siglo XIX para terciar en un debate de hoy, porque esas víctimas ya no están vivas. Es una cuestión de (paso del) tiempo o de haber hecho justicia con ellas. Posiblemente a eso mismo se debiera aspirar en el caso de las víctimas de la guerra civil de 1936 y del primer franquismo, pero un deficiente tratamiento memorial y de víctimas de lo ocurrido entonces mantiene abierto ese trauma e impide que nuestro país lo tenga incorporado al cabo de tres generaciones como acervo o memoria cultural inofensiva. Del revés, aunque tiene todavía sus respectivos y potentes adeptos sectarios, instrumentalizadores y apropiacionistas, el tratamiento de las diversas víctimas y violencias que se ha venido haciendo al cabo de los años en el País Vasco y en Navarra presenta un balance más positivo que el que podemos considerar en otras regiones del país que han dejado yermos y sin tratar ámbitos de violencia pasada imposibles de ocultar (excesos policiales, terrorismo ultra, etc.). La tentación permanente de desplegar una línea memorial de equiparaciones de violencia activó en Euskadi y Navarra una prevención entre los agentes políticos, asentando todo tipo de reconocimientos a cualquier esfera de víctima y de violencia en el respeto a los derechos humanos, y esquivando la recreación de los dos bandos en liza tan habitual en este tipo de conflictos domésticos y endógenos, por más que desequilibrados (como es todo terrorismo). Incluso la opción de dotarse de dos instrumentos memoriales —el Centro Memorial y Gogora— se está demostrando que permite tanto la vía de confrontación silenciosa entre ambos como la de colaboración activa y sincera entre uno y otro, dependiendo de la voluntad de sus respectivos gestores.

En ese sentido, las víctimas del tardofranquismo y del tiempo de la Transición, e incluso la propia interpretación de ese denso y complejo periodo histórico, por diversas razones ya apuntadas antes, constituyen una realidad todavía viva y crítica, que cada poco proyectan sus demandas sobre el presente. Si las que produjo el terrorismo etnonacionalista han tenido ya su respuesta, no ocurre lo mismo con las de otros terrorismos o con las de resultas de actuaciones policiales excesivas, ilegales o ilegítimas. Como alguien señaló hace tiempo, las víctimas del terrorismo corren el riesgo de tener la legitimidad institucional, pero no la social, y las del franquismo y de la Transición, justo lo contrario. La Ley de Memoria Democrática de 2022 se ha atrevido a abordar esa sangrante situación y a tratar de supurar esas heridas, pero en sí misma, en tanto que las trata separadamente, no hace sino propiciar ese riesgo. Con todo, no se despliega ni en las mejores circunstancias ni en el mejor contexto sociopolítico, pero la necesidad y la oportunidad se imponen sobre ello, por razones de justicia para con todas las víctimas y de conveniencia para el conjunto de la ciudadanía que quiere resolver adecuadamente las demandas de su pasado, incluido el más sucio. El objetivo final, más allá de memorias históricas y democráticas, que generan por sí mismas disquisiciones inevitables, es que la sociedad comparta lo más posible unas referencias de su pasado comunes y que estas se remitan a valores positivos coherentes con el modelo de sociedad al que aspiramos. Es inevitable, lógico y hasta deseable que cada espacio social concreto tenga sus recuerdos de anclaje, característicos de cualquier ideología o referente político, pero hay que aspirar a la vez a participar de un sustrato común que articule nuestra sociedad y no la haga ni anómica memorialmente hablando ni resultado de un crisol o melting pot estéril e inane.

Las páginas que siguen pretenden aportar a este debate, sobre la base de que todas las víctimas, al margen de cuál fuera el carácter e intención de sus respectivos victimarios, representan la voluntad expresada por la mayoría social de instaurar en su momento en nuestro país un sistema de libertades frente a la dictadura de la que se venía, y de defenderlo años más tarde cuando se vio constante y peligrosamente hostigado por las violencias terroristas y sus reactivos ilegales e ilegítimos^[1].

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[1] El punto de partida de estas páginas remite al XXII Seminario Fernando Buesa “Herencias del franquismo y del terrorismo. La consideración de sus memorias y sus víctimas” organizado por la Fundación Fernando Buesa Blanco y el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, celebrado los días 24 y 25 de octubre de 2024 en Vitoria-Gasteiz. Pueden seguirse aquellas intervenciones en formato audiovisual en https://n9.cl/pqe25g.