Los gudaris no se rinden

Antonio Rivera
Catedrático en la UPV/EHU

Fecha de publicación: 10/06/25

En la Navidad de 2008, en su momento casi concluyente, una decena de jóvenes anunciaron a cara descubierta su intención de entrar en ETA. Con ser un número discreto, no cabe duda de que la decisión entrañaba riesgos evidentes y, sobre todo, una voluntad manifiesta de cambiar de vida. La cifra, en todo caso, es similar o hasta superior a la de los que decidieron de la misma forma dar a conocer públicamente su intención de salir de ETA. A lo largo de sus casi sesenta años, fue más fácil entrar que salir de ETA; o, al menos, como veremos, hacerlo público[1].

De alguna manera, uno entraba en ETA y lo hacía para siempre. No se afiliaba a una entidad o grupo de interés (un sindicato, un partido, una sociedad en pro de algo concreto), sino que era una afirmación de vida, de lealtad, de entrega y de identidad plena con la causa nacional del Pueblo, la forma más decidida y arriesgada de incorporarse en cuerpo y alma a este (el ideal extremo del nacionalismo, entonces). En sentido contrario, si se salía –y más si lo hacía público- comunicaba su renuncia total o parcial a esa comunidad nacional, que reaccionaba entonces con diversos niveles de rechazo: de la invisibilización o apartamiento social a la amenaza, y no solo para ellos, sino que también para sus familias y allegados. Hasta siete personas fueron asesinadas por ETA con la acusación básica de dejar la organización de diversas maneras o de cuestionar su mandato: Olaiz, Azaola, Sulibarria, Oliva, Solaun, “Yoyes” y, posiblemente también, “Pertur”.

La densa y presente trama comunitaria etnonacionalista que soportó a ETA desde sus inicios hasta el final constituye el factor que explica la escasa salida de activistas de esa organización. Como demuestra Eider Nafarrate con abundancia de detalles y testimonios protagonistas, a pesar de las políticas gubernamentales para romper la relación de estos con su entorno y con la banda, de intentar repetir fórmulas aplicadas en otros lugares para provocar el desistimiento y de la explotación de algunos casos de abandono, el apartamiento voluntario fue muy reducido; otro factor más que explica la continuidad en el tiempo de esa organización.

La comunidad actuó como freno a la salida en tanto que soportaba una elección moral discutible –el asesinato y todas las variantes coactivas a partir de ese tope- por mor de lo que en cada momento se entendió por “necesidad del Pueblo Vasco”: la resistencia y supervivencia en el franquismo, el rechazo al tránsito de un régimen de dictadura a otro de libertades, y el combate abierto contra la propia democracia. ETA interpretó que, en todo ese tiempo, de 1959 a 2011, la violencia estaba justificada en tanto que Euskal Herria veía perseguidas, vulneradas o insatisfechas sus demandas colectivas. Los círculos comunitarios que hicieron propia esa interpretación –el segundo de partidarios de la opción política que eran ETA y su entorno civil, y el tercero que constituía el nacionalismo en general- bloquearon con su presencia constante el apartamiento de los activistas del primer círculo, el de los perpetradores y los colaboradores necesarios. Cuando uno de estos dudaba por razones estratégicas o, en menor medida, morales, ahí estaban esos círculos inmediatos o más lejanos y difusos para disuadirle de su elección, para hacerle ver que de esa forma se podía convertir en un traidor. La comunidad como factor determinante, aquí también.

En todo caso, se podía dejar la organización sin acabar como un infame. Lo hicieron muchos. En su mayoría se integraron en el segundo círculo civil de sostén de las tesis de ETA –los partidarios- y de la cultura política que creó: la Izquierda Abertzale o el nacionalismo vasco radical. Incluso podían pasar a una actitud políticamente pasiva. Como mucho se pagaba esto con algún desdén por parte de esa comunidad más o menos próxima que velaba por la decisión del disidente o del abandonista. Y es que la desvinculación de ETA podía llevar a la desradicalización, pero eso ocurrió pocas veces. Los antiguos miembros siguieron presentes en el espacio civil de apoyo realizando diferentes cometidos (o, simplemente, estando, siguiendo obedientes). La desvinculación es un hecho (como lo fue la vinculación) y la desradicalización, un proceso (como lo fue la radicalización).

Así que dejar de ser un héroe no te convertía necesariamente en un traidor. El riesgo solo se contraía si decías públicamente que te ibas. La “caída del caballo” era personal, por razones éticas y de oportunidad. Normalmente, venía precedida de una derrota frente al contrario (una caída importante), de un fracaso (el de las treguas de Argel, de Estella o de 2006) o por un atentado particularmente brutal, inexplicable e inasumible; también por la percepción de que la estrategia estaba errada por completo, aunque eso solía ser argumento racionalizador cuando se daban los supuestos iniciales (derrota, fracaso o espanto). Cuando algo de eso ocurría comenzaba el tiempo del arrepentimiento.

Eider Nafarrate entrecomilla este último término por dos razones. Una, porque no ocurrió mucho; dos, porque no supuso lo que podríamos suponer, y sus expresiones y consecuencias fueron muy diversas según los casos. Las políticas gubernamentales para propiciar el arrepentimiento, como se ha dicho, no resultaron exitosas, y mucho menos repitieron modelos como el italiano donde podía entrar en liza la delación; aquí no se produjo (y ni siquiera se demandó, ni demanda, para lograr ventajas en el cumplimiento posterior de condena). Siguiendo con el caso italiano, hubo más similitudes con los disociados que con los pentiti porque no hubo más exigencia que el simple apartamiento de la banda (y el rechazo explícito de sus medios violentos).

El arrepentimiento se traducía en actitudes varias. La autora lo ejemplifica y categoriza con tino utilizando el ejemplo de los miembros del colectivo “Artapalo” detenidos en 1992 en Bidart cuando eran la troika dirigente de ETA. Por sus trayectorias posteriores a su caída, “Txelis” representaría al arrepentido ético-religioso, “Pakito” al desradicalizado pragmático y “Fiti” al desvinculado involuntario.

La relación con las víctimas provocadas y la cuestión del perdón también dieron lugar a ejemplos diversos: algunos sí lo pidieron y entraron en procesos de relación con los allegados familiares de sus crímenes, otros se emboscaron en la naturaleza religiosa del perdón para esquivar ese gesto y la responsabilidad que conlleva, e incluso algunos lo rechazaron eligiendo voluntariamente esa negativa como recordatorio perenne (e imperdonable) del mal que habían causado. En todos los casos, el proceso de arrepentimiento conllevaba la recuperación de la personalidad propia después de haberse visto esta anulada por completo al sumergirse en el espacio de las necesidades de la comunidad nacional.

Los encuentros con víctimas o familiares de estas han propiciado en ocasiones una vía de atenuación del dolor: la información. Si bien no usada para fines judiciales, como se ha apuntado, sí que el traslado a la víctima o al familiar de los detalles del atentado por parte del victimario han servido para proveerse de una explicación hasta cierto punto calmante; también en ocasiones para asentar la línea de relación personal entre víctima y perpetrador. Porque la omertà ha sido la norma en la historia de esa organización y de ese mundo. El aire mafioso que siempre tuvo la colaboración íntima entre una parte de la ciudadanía y el grupo criminal encuentra en esta cuestión un aspecto si cabe todavía más innoble. Ni siquiera los integrantes de la mal llamada “ETA buena”, la del franquismo, han sido capaces de decir algo sobre sus actuaciones, salvo excepciones contadas.

Pasaron los años y lo que había sido constante, el bloqueo de cualquier procedimiento de reinserción o abandono tanto por ETA y su colectivo de presos como instrumento disciplinador y de control (el EPPK), como por su comunidad de sostén, mediada la derrota policial después de 2004, se vio por completo alterado. Ante la evidencia de haber perdido esa partida, desde 2009 se puso en marcha la llamada “vía Nanclares”, que no obtuvo un éxito en cuanto a los números –fueron solo unas pocas decenas los afectados-, pero que sí marcó después el camino. El bloqueo persistió y anuló esa vía hasta tanto ETA se dio por oficialmente disuelta y comprobó que la amnistía total no iba a ser posible. Desde entonces, desde 2018, levantó la veda a los procesos de rechazo formal a la violencia y a la pertenencia a la organización –que ya no existía- para propiciar la reinserción individual y las ventajas particulares en el cumplimiento de penas. El gran escollo de años, las políticas de salida de ETA, se desbloqueaba, pero solo cuando lo había decidido así esa comunidad de violencia.

La fórmula para ello –una fría y burocrática declaración de “reconocimiento del sufrimiento y dolor multifacético causado por el conflicto”- ha dejado sobre la mesa varios problemas todavía presentes. El primero, bien que menguante, es el de los presos mismos: al no haber amnistía, estos proyectan su larga sombra sobre las políticas de su brazo civil, de EH Bildu. El segundo y más importante, la consideración de su pasado, del dolor causado y de los efectos de su actividad terrorista en la conformación presente de la sociedad vasca. El lógico pragmatismo por resolver la papeleta de la amenaza de continuidad de un grupo terrorista como ETA antepuso a cualquier argumento la posibilidad de su desaparición efectiva. Ahora lamentamos que esa transformación pese tan poco en la voluntad de buena parte de la sociedad vasca. El pasado se ha desvanecido en tanto que nadie le dio valor y nadie le puso precio. Posiblemente, estas cosas funcionan así.

El libro de Eider Nafarrate, en su recorrido a lo largo de toda la historia de ETA, va identificando con maestría las sucesivas fases en que salir de la banda públicamente se hizo más o completamente imposible, las razones de ese fracaso y las consecuencias que tuvo en la propia conformación de la cultura política creada por los terroristas. Una lectura cabal, meditada, equilibrada e imprescindible para conocer algunas razones de nuestro más incómodo presente vasco.

[1] Se han llegado a estimar en diez mil las personas que alguna vez estuvieron en ETA. El número de detenidos con esa imputación a lo largo de los años fue de 6.417. Los cálculos más contenidos hablan de unos siete mil quinientos u ocho mil activistas en toda su historia.