Iñaki Vázquez Larrea
Doctor en Antropología

Fecha de publicación: 19/12/23

El crecimiento de la igualdad sustancial constituye el presupuesto social de la democracia. y consecuentemente, requiere de niveles mínimos y máximos de riqueza. Fue un aristócrata del siglo XVIII quien estableció este nexo, hoy totalmente ignorado: “el amor a la República en la democracia-escribió Montesquieu-es amor a la democracia, y este es amor a la igualdad. Es además amor a la frugalidad”, dado que en democracia “cada cual debe gozar de la misma felicidad y de las mismas ventajas, disfrutar de los mismos placeres y tener las mismas esperanzas, lo cual solo puede conseguirse mediante la frugalidad general. Así pues, las buenas democracias, al establecer la frugalidad doméstica, abrían la puerta a los gastos públicos, como se hizo en Atenas y en Roma” (Montesquieu, pág. 78).

 En efecto, pues, la igualdad sustancial está conectada, sobre todo, con la dimensión política o representativa de la democracia, comprometida hoy por la inversión de la relación entre política y economía. “Somos el 99%”, fue hace años el famoso eslogan del movimiento de los ocupantes de Wall Street que denunciaba de manera lapidaria esta crisis de representación: un 99% gobernado por el 1% o quizá menos de la población, enriquecido gracias a sistemas fiscales, en virtud de los que, según un célebre chiste de uno de ellos, Warren Buffet, los multimillonarios pagan menos impuestos que sus secretarias y los especuladores, los que han puesto en crisis la economía global, pagan menos que sus empleados.

 Pero la subalternidad de la política a la economía determina la crisis, no solo de la dimensión formal o representativa, sino de la dimensión sustancial de la democracia. En ausencia de una esfera pública capaz de limitarlos, los poderes globales de la economía y del capital financiero se trasforman en poderes salvajes (Ferrajoli, pág. 45) cuyo ejercicio desregulado y a menudo en complicidad con los poderes públicos se resuelve inevitablemente en el aumento de riqueza de sus titulares y de la pobreza de todos los demás.

 Al mismo tiempo, la impotencia de la política y su subalternidad a la economía reclaman de aquella máxima potencia frente a la sociedad, y por eso la eliminación de los límites y los vínculos impuestos por los principios constitucionales, a cuya rigidez se superpone, suplantándola, la rigidez de las leyes de mercado.. Crisis de las formas y crisis de la sustancia de la democracia están de este modo conectadas, una como presupuesto de la otra.

Al nexo de recíproca implicación entre igualdad y democracia, debe añadirse el nexo inverso entre desigualdades y crisis de la democracia sustancial.  Así se ha experimentado en la Unión Europea con los recortes del gasto público destinado a los derechos sociales a la educación, la sanidad, la seguridad social y otras formas de asistencia desde finales de la década de los 70 del pasado siglo..

 El tercer nexo que hay que registrar es el que se da entre el crecimiento de la igualdad y aumento de bienestar colectivo, obvia consecuencia de la garantía de los derechos sociales -la educación,, la salud, la previsión, la asistencia. Se trata, aparte, del progreso civil generado, más allá de la supervivencia, del sentido de pertenencia a una comunidad de iguales en derechos y del desarrollo del espíritu público y de los sentimientos cívicos, que, gracias al sentido y percepción de la igualdad, forman el necesario soporte de cualquier democracia.

 Es en este conjunto de sentimientos cívicos en lo que consiste el significado de la tercera palabra del lema de la Revolución francesa-la fraternidad, llamada solidaridad en el léxico constitucional-, que, a diferencia de las otras dos, libertad e igualdad, es un sentimiento subjetivo que vale para reforzar tanto los derechos de libertad como el principio de igualdad. En efecto, el simple derecho, por el que libertad e igualdad son establecidos, no basta para dar sustento al entero conjunto de las garantías de los derechos fundamentales en que consiste la igualdad. Con ese fin son también necesarios el espíritu público y el sentido de la solidaridad que forma el alma de la política., tanto por arriba como por abajo.

 Este sentido de solidaridad es el que genera la confianza de los ciudadanos de cara al futuro, sin la cual ningún verdadero progreso es posible. En primer lugar, en la política y la democracia, y por eso en la seguridad social proveniente de las garantías de igualdad en los derechos; en segundo lugar, confianza en los conciudadanos, y por ello en los ligámenes sociales que forman el indispensable tejido conectivo de la democracia.

 En el origen de la actual depresión del sentimiento cívico y de la solidaridad social está, con toda evidencia, el deterioro de la esfera pública, determinado, a su vez, por el declinar de la idea misma de interés general, y con ello, los principios de igualdad y solidaridad como criterios informadores de la política. Se ha tratado de una verdadera inversión del paradigma de la política, bien expresado en las famosas frases de dos líderes que dieron vida al giro neoliberal: “la sociedad no existe, solo existen los individuos y sus familias” (Margaret Thatcher), y “el gobierno no es la solución, sino el problema” (Ronald Reagan).

 Es claro que, si la sociedad no existe, tampoco existe un interés público colectivo, y que, si el gobierno es el problema, la solución es reducir sus intervenciones y limitar su papel al de la mejor garantía de las leyes de mercado. Se entiende cómo esta abdicación de la política ha determinado la quiebra de la esfera pública y de su papel de tutela de los intereses generales, los primeros de todas las garantías de los derechos fundamentales y por tanto de la igualdad.: un papel que, ciertamente, no puede ser reemplazado por el mercado, como a veces se sostiene,, puesto que no cabe pretender que los poderes económicos se hagan cargo de los intereses generales.

Pero es sobre todo el cuarto nexo,, el que existe entre niveles avanzados de igualdad sustancial y desarrollo económico, el que merece ser subrayado, puesto que contradice un presupuesto común de la ideología neoliberal. Los gastos sociales no son solo un coste, sino también una condición esencial de desarrollo, es decir, de la productividad individual o colectiva. Obviamente determinada por los niveles de educación y de salud. La satisfacción de los derechos de educación, la salud y la subsistencia no es pues,, solo el cumplimiento de una obligación constitucional. sino también un factor decisivo del crecimiento económico: porque reduce las desigualdades sociales elevando las condiciones de vida y las capacidades de trabajo de las personas; porque el crecimiento de la igualdad sustancial que de ello sigue equivale al crecimiento de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social; porque la redistribución de la riqueza así producida conlleva un aumento de la demanda de bienes y servicios , y con ello de las inversiones y del empleo; porque en, fin, esta es una condición del efectivo y consciente ejercicio de todos los demás derechos, a comenzar por los derechos políticos.

 Mientras sucede que, en cambio, el desmantelamiento del estado social y de sus garantías demuele la igualdad en los derechos fundamentales, que es el presupuesto político y social no solo de la dimensión sustancial de la democracia, sino también del crecimiento de la riqueza en general. Es sobre todo en los momentos de crisis, cuando la intervención del estado en la economía y la garantía de los derechos sociales son más necesarios que nunca: baste recordar el New Deal americano de Franklin Roosevelt, gracias al cual se superó la crisis de 1929 con una política diametralmente, opuesta aquella con la que, en vez de afrontarla, se ha agravado la crisis económica de estos años.

 El crecimiento de la desigualdad, equivale de un lado, al crecimiento de la pobreza, y del otro al crecimiento de la riqueza, que son, factores, uno y otro, de recesión. La excesiva pobreza determina una reducción del consumo, y con ello de las inversiones y del empleo, además de una dilapidación de los talentos y las profesionalidades adquiridas, la depresión del espíritu público y la desconfianza en el futuro.  La excesiva riqueza, a su vez,, al no poder orientarse, por defecto de la demanda, hacia inversiones productivas, se invierte,, en el mejor de los casos, en la especulación financiera, y en el peor, en la corrupción,, o cuando menos en el condicionamiento del sistema político, a través de la financiación de partidos, la adquisición de periódicos y televisiones, la confusión y el conflicto de intereses y de poderes.

 Estos dos crecimientos-el de la extrema pobreza y el de la extrema riqueza-están en gran parte determinados por una política que, en favor de los mercados, ha abdicado tanto del papel del gobierno de la economía como del de la garantía de los derechos sociales y de promoción de la igualdad. Emblemática, desde este punto de vista, es la política de privatizaciones, enarbolada, a izquierda y derecha, como la panacea de todos los males, y que, en cambio, se ha revelado como una gigantesca trasferencia de riqueza pública al sector privado.

 Tony Judt calculó en 17 millones de libras esterlinas el precio pagado por el estado británico por las privatizaciones de Margaret Thatcher (Judt, 212). Y ha mostrado la lógica perversa que caracterizó a las numerosas privatizaciones de servicios públicos en Gran Bretaña y otros países occidentales. En primer lugar, la perdida de calidad debida a la obvia voluntad de las empresas privadas que asumieron su gestión de obtener beneficios reduciendo los costes, en segundo lugar, la imposibilidad de que se pueda dejar quebrar a tales empresas, y de ahí la necesidad de los estados de intervenir periódicamente en operaciones de salvamento: no solo de los bancos. Que en en 2008 provocaron la crisis económica, “demasiado grandes para que se pueda permitir su quiebra”, como se repite una y otra vez, sino también, y con mayor razón, de las empresas a las que se ha confiado los servicios socialmente esenciales, hospitales, transportes o residencias de ancianos que ningún estado puede consentir que dejen de funcionar. De este modo, las privatizaciones, mientras han provocado un radical empeoramiento de los servicios, se han resuelto en las privatizaciones de los beneficios y en la correlativa estatalización y socialización de las pérdidas.

BIBLIOGRAFÍA:

FERRAJOLI, L: Poderes Salvajes; la crisis de la democracia constitucional, Trotta, Madrid, 2013.

FERRAJOLI, L: manifiesto por la igualdad, Trotta, Madrid, 2019.

JUDT, T: Algo va mal, Taurus, Madrid, 2010.

MONTESQUIEU, Del espíritu de las leyes, Tecnos, Madrid, 1972.